La Corporación pretende mantener la normalidad a costa de limitar la capacidad de reivindicación de la plantilla municipal.
Una huelga debe tener capacidad de expresar el descontento de las trabajadoras y trabajadores. No se convoca para que la Administración pueda continuar desarrollando su actividad como si nada sucediera. Sin embargo, esa parece ser la intención de la Corporación con la propuesta de servicios mínimos que ha presentado para la próxima jornada de huelga.
Desde UGT consideramos que la propuesta municipal excede lo razonable y no responde a una justificación suficiente de las necesidades que realmente deben quedar cubiertas. Por este motivo, en la reunión del Comité de Huelga del pasado 5 de noviembre, rechazamos la propuesta, al igual que el resto de las organizaciones sindicales.
El Ayuntamiento debe garantizar la atención imprescindible a la ciudadanía, pero no tiene derecho a garantizar la normalidad de su funcionamiento durante una huelga.
La diferencia es sustancial y parece que la Corporación no quiere entenderla.
No estamos hablando de dejar desatendidas las emergencias, la asistencia sanitaria urgente o la protección de las personas que necesitan una atención inaplazable. Estamos hablando de evitar que, bajo el argumento de mantener los servicios públicos, se establezcan unas dotaciones de personal que permitan desarrollar actividades que perfectamente pueden verse afectadas por una jornada de huelga.
La Administración debe justificar por qué considera imprescindible cada puesto que pretende incluir en los servicios mínimos. No basta con invocar genéricamente la importancia de un departamento, mantener una estructura organizativa o alegar razones de funcionamiento interno.
En este sentido, llama especialmente la atención la pretensión de mantener determinadas actividades administrativas, puestos de responsabilidad, sistemas informáticos y circuitos de gestión con una presencia que se aproxima demasiado a la actividad ordinaria. También resulta difícil entender el incremento de efectivos respecto a convocatorias anteriores, incluida la huelga general de 2012, sin una explicación objetiva que permita justificar semejante diferencia.
Esta situación afecta a numerosos servicios municipales, como Escuelas Infantiles, Servicios Sociales, Centros de Día, Limpieza, Vigilancia, Registro, Agencia Tributaria Madrid, SER, Aparcamientos, BiciMAD, Madrid Salud y diferentes actividades del CIFSE y de formación.
La prestación de servicios públicos es una responsabilidad de la Administración. Pero también lo es respetar los derechos de su personal. Los trabajadores y trabajadoras municipales no pierden sus derechos constitucionales por prestar servicios a una Administración pública.
El derecho de huelga, reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución Española, no puede quedar reducido a una declaración formal. Su ejercicio exige que las limitaciones sean excepcionales y estén debidamente justificadas. La normativa y la doctrina constitucional obligan a respetar criterios de necesidad y proporcionalidad, evitando que las medidas adoptadas hagan irreconocible o ineficaz este derecho fundamental.
Por eso, desde UGT no vamos a aceptar que se utilicen los servicios mínimos como una herramienta de gestión de personal ni como una fórmula para reducir el impacto de la protesta colectiva.
Además, estamos recibiendo comunicaciones sobre posibles incidencias relacionadas con la designación de efectivos, las instrucciones trasladadas a los trabajadores y los mecanismos de control de asistencia. Queremos dejar claro que estaremos especialmente atentos a cualquier actuación que pueda suponer presión sobre la plantilla o interferir en el ejercicio libre del derecho de huelga.
No vamos a mirar hacia otro lado ante posibles irregularidades. Cada situación será examinada y, si procede, se pondrá en conocimiento de los organismos competentes y se emprenderán las acciones legales necesarias.
LA CORPORACIÓN NO PUEDE DAR LA ESPALDA A SUS TRABAJADORES
La huelga es una herramienta legítima de reivindicación colectiva. Quienes deciden secundarla no están incumpliendo sus obligaciones: están ejerciendo un derecho fundamental para defender sus condiciones laborales y hacer oír sus reivindicaciones.
La Corporación debería reflexionar sobre las razones que han llevado a la plantilla a esta situación, en lugar de dedicar sus esfuerzos a intentar que la jornada transcurra con la mayor normalidad posible.
Desde UGT reclamamos respeto a la representación sindical, transparencia en la determinación de los servicios mínimos y garantías para que ninguna trabajadora ni trabajador vea condicionado el ejercicio de su derecho.
No queremos dejar desatendida a la ciudadanía. ¡Queremos que se respete a quienes cada día trabajan para atenderla!
¡Porque defender los servicios públicos también significa defender a sus trabajadores y trabajadoras!
ANTE LOS ABUSOS, RESPUESTA SINDICAL. ANTE LAS IMPOSICIONES, DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS.
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