El pasado sábado tuvo lugar una reyerta en la piscina del Centro Deportivo Municipal de Moratalaz que se saldó con la cifra de tres menores de edad detenidos y conducidos a los calabozos del Grupo de Menores (GRUME), acusados de un delito de atentado a la autoridad así como cinco agentes de la Policía Municipal de Madrid con heridas y lesiones, a los que enviamos nuestro apoyo y deseos de una pronta recuperación
Desde UGT hemos tenido conocimiento que no se produjo una activación eficiente del protocolo de aviso a la Unidad de Apoyo de Seguridad por estar varios de los componentes del mismo agregados a otra unidad, lo que demoró su presencia en el lugar y entendemos pudo incidir en la complicación de la reyerta acaecida por la falta de refuerzo a tiempo de los compañeros actuantes.
Dado el avance de la recuperación de la “vieja normalidad” gracias a la vacunación y la más que previsible y multitudinaria presencia de jóvenes en este tipo de instalaciones, que cuentan con un largo currículum de alta conflictividad en época de verano, entendemos que tanto la Dirección de Policía Municipal como los responsables de los centros deportivos deberían gestionar y plantear una política preventiva basada en las siguientes consideraciones:
- Actualización de los parámetros contemplados en el “Protocolo de actuación en caso de agresiones a terceros en instalaciones deportivas municipales”, cuya última valoración se hizo con datos pertenecientes al año 2019, por lo que entendemos no adecuado para el evidente incremento de nuevos usuarios.
- Protección de los agentes actuantes en potenciales avisos derivados de las citadas instalaciones, de tal forma que acudan a los requerimientos con un mínimo de dos dotaciones.
- Elaboración de un protocolo especializado y coordinado entre el Cuerpo de Policía Municipal y el de Policía Nacional, que valore el historial de agresiones en los diversos centros deportivos, con el fin de adoptar la implantación de una serie de medidas encaminadas a la prevención, control y eliminación de potenciales situaciones de conflictividad, que conlleve tanto la protección de los usuarios de instalaciones como la de los agentes actuantes, para que no vuelvan a sucederse incidentes multitudinarios como los acaecidos
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