FeSP-UGT ha firmado el Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público 2017. Se trata de un Acuerdo global que afecta por igual al conjunto de las Administraciones Públicas (General, Autonómica y Local), a todos/as los/as empleados/as públicos/as (funcionario, estatutario, laboral), a la gran mayoría de sectores integrados en la FeSP-UGT (Sanidad, Educación, Justicia, Servicios Sociales, Policía Local, Administración Penitenciaria, Servicios Públicos de Empleo, Investigación, etc.), y a todo el personal con una vinculación temporal con la Administración (interinos, eventuales, temporales, refuerzos, indefinido no fijo, etc.)
El Acuerdo es el inicio de un proceso que habilita la reducción de la temporalidad en un 90% y dotará de estabilidad a más de 250.000 empleados/as públicos/as con contratos precarios: 130.000 trabajadores/as de la sanidad pública; 10.000 empleados/as de justicia y más de 100.000 docentes. A estas cifras se sumarán otros colectivos como servicios sociales, policía local, inspección y recaudación, cuyo montante se cuantificará en cada ámbito. El Gobierno permitirá a las Comunidades Autónomas convocar toda la oferta de plazas docentes (también las universitarias) antes de la supuesta aprobación de los PGE 2017. Las CCAA también podrán convocar plazas de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y policías locales.
El citado Acuerdo también contempla una OEP de 67.000 plazas nuevas: 19.000 en la Administración General del Estado, casi 29.000 en las comunidades autónomas, y en torno a 20.000 en las entidades locales. El plan permitirá reponer todas las bajas, con tasa de reposición del 100% en un gran número de colectivos, dentro de los sectores prioritarios, y 50% para el resto.
Respecto al incremento salarial para los/as trabajadores/as, cifrado en un 1%, Julio Lacuerda, Secretario General de FeSP-UGT, lo ha tildado de “insuficiente” y ha advertido que se trata solo de un primer paso, y que UGT no va a renunciar a la recuperación del poder adquisitivo perdido en los últimos años, que se sitúa en torno a un 15%. El ministro Montoro ha cerrado la puerta a esta opción, pero ha mostrado su voluntad de acordar, esta vez sí, unas mayores retribuciones para 2018, ya que, cuando España logre reducir el déficit público por debajo del 3% del PIB, previsto para dicho año, saldrá del procedimiento de déficit excesivo de Bruselas y se liberará de los actuales niveles de vigilancia presupuestaria que sufre por Europa.
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