La Unión General de Trabajadores, que ha presentado alegaciones al proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento que desarrollará la conocida como “Ley de Mutuas”, rechaza este proyecto de Reglamento porque sigue primando los intereses económicos frente a la salud de los trabajadores y trabajadoras, obviando sus derechos a la protección social y a la recuperación de la salud. Al igual que la Ley, el Reglamento sigue teniendo como únicos beneficiarios a las propias Mutuas y como principales perjudicados a los trabajadores y trabajadoras (incluidos los de las Mutuas) que van a volver a ver recortados sus derechos.
Dicho Proyecto sigue sin corregir la falta de transparencia existente en la gestión de las Mutuas (se recorta la participación de trabajadores/as), y supone un paso más en la privatización parcial del sistema de Seguridad Social y de la Sanidad Pública. Las modificaciones que se incluyen no garantizan el objetivo -que se pretende en el preámbulo del Proyecto de Reglamento- de establecer mecanismos precisos para garantizar que las Mutuas desarrollarán una gestión eficaz y eficiente en todos los sentidos. No hay que olvidar que los recursos que gestionan las Mutuas son públicos.
La mayoría de los cambios legales que contiene el proyecto no se justifican ya que vulneran el principio de igualdad en el aseguramiento y asistencia sanitaria, los derechos de los trabajadores/as, menoscabando su salud e integridad física o se realiza en detrimento del fortalecimiento de la gestión pública de la Seguridad Social y los Servicios Públicos de Salud. Este texto empeora incluso la propia Ley 35/2014, favoreciendo la capacidad de decisión discrecional de las mutuas en el control médico de los procesos por IT derivados de contingencias comunes, recortando la obligación del pago de los desplazamientos de los trabajadores incapacitados y complicando la gestión económica y asistencial del sistema de Mutuas sin resolver los evidentes problemas que actualmente les afectan.
En una situación como la actual, en la que se está descapitalizando el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, el Proyecto de Real Decreto ocasionará un aumento de los gastos y, por consiguiente una disminución de los ingresos del mencionado Fondo, contrarios a los principios de eficiencia y eficacia a los que están sujetas las Administraciones Públicas en la programación y ejecución del gasto público, lo que revertirá, nuevamente, en el debilitamiento aún mayor, de nuestro sistema público de pensiones.
UGT denuncia además que el Gobierno no ha contado con los sindicatos en la elaboración de este Reglamento, algo inaceptable por ser una norma que va a regular la actividad de las Mutuas e insta al Ejecutivo a que abra un proceso de diálogo con las organizaciones sindicales para buscar el mayor consenso en esta norma, manteniéndose vigilante de cara a introducir de manera escalona y calculada la presión y grado de reivindicación que corresponda para revertir el citado proceso
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