Tras el dictamen elaborado entre el Ayto y el grupo de Estudios Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid en torno a la elaboración de un Plan de Derechos Humanos, donde se concluía que la Policía municipal «en lugar de ser garante de derechos son represores”, la Corporación ha dado forma a un borrador del citado Plan que proyecta una imagen degradante de la Policía Municipal, y en el que pone en cuestión reiteradamente su funcionamiento y atribuciones ante la opinión pública.
En una lectura detallada del documento, para cuya realización no se ha contado con la participación de grupos políticos y sindicatos, se cuestiona la imagen de la Policía Municipal a través del uso de un lenguaje crítico donde se da a entender reiteradamente la “inadecuación de la labor policial y sus protocolos a los estándares internacionales de los derechos humanos”, enfoque que estigmatiza al colectivo policial ante la opinión pública y arroja una sombra de duda sobra la legalidad de sus actuaciones, al anunciarse la revisión del procedimiento disciplinario dando a entender que la norma actual no sirve para “garantizar la adecuada sanción de toda actuación contraria a los derechos humanos”.
Nada de la metodología policial ni de sus instalaciones es válido para el elevado listón de derechos humanos de la alcaldesa: Ni los protocolos, ni las instalaciones policiales, ni el reglamento del Cuerpo…Este contexto socaba ante la opinión pública la legitimidad de la actuación policial, proyectando una imagen sesgada y tercermundista que, según contempla el mencionado borrador, es necesario “monitorizar”.
Discutible también su concepto de “política de sensibilización”, favorable a los detenidos, ya que se pretende la “revisión y mantenimiento de las instalaciones policiales municipales” para velar por sus derechos, pero nada se dice de de mejorar y reparar las mismas para garantizar la habitabilidad e integridad física de los policías, que asisten impotentes los últimos días a una plaga de inundaciones, incendios y daños estructurales en varias unidades.
Ante este despropósito no carente de sesgo ideológico, UGT rechaza contundentemente el oprobio que el mismo supone para la autoridad y la labor profesional de la plantilla policial, y además de presentar alegaciones al citado borrador, aprovechará la próxima reunión con la alcaldesa para expresar su absoluto protesta ante esa distorsionada imagen e instarla a la revisión y consenso de todo aquel contenido que afecta a las atribuciones y proyección pública de la Policía Municipal de Madrid en este y otros documentos normativos.
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