Estimada Alcaldesa:
Esta Sección Sindical ha recibido varias protestas de un gran número de componentes del Cuerpo de Policía Municipal, por los incidentes ocurridos la madrugada del pasado domingo en el distrito de Moncloa-Aravaca entre efectivos policiales, los responsables de una caseta pertenecientes al colectivo 1984 y la intervención de la Concejala de este distrito, Montserrat Galcerán, desautorizando la actuación policial ante un incumplimiento de horario y un exceso de música a gran volumen, y que, según testigos presenciales, llegó a poner en peligro la integridad física de los agentes y de los ciudadanos allí presentes por el tumulto producido.
Al parecer, y de manera incomprensible e irresponsable, la edil se puso del lado de los infractores, cuando los agentes actuantes cumplían con su deber siguiendo lo decretado en la instrucción de la Junta Municipal firmada por ella misma. Asimismo, nos informan testigos de los hechos que la concejala pidió explicaciones al mando del servicio delante de los responsables de la citada caseta y de la perteneciente a “Ahora Madrid”, hecho que, de ser cierto, es denigrante para los componentes policiales ya que menoscaba su la labor y quiebra su autoridad ante los ciudadanos, hechos que no pueden ser consentidos.
Igualmente, nos informan que, verbalmente, esta concejala dio orden para que, al dia siguiente, se permitiese aumentar en una hora el horario de la música, hecho que nos parece extraño, más aún cuando las ordenes, habitualmente, salvo que sean urgentes, se realizan por escrito.
Como representantes de los trabajadores y trabajadoras municipales, entendemos que debe abrirse una investigación de lo sucedido, depurándose las responsabilidades a que hubiera lugar, y exigimos respaldo y respeto para que se deje trabajar a los funcionarios del Ayuntamiento de Madrid acorde a sus funciones, sin interferir ni menospreciar su labor profesional y que la actuación de los concejales municipales se lleve a cabo en el marco de respeto a la legalidad tanto de los derechos de la ciudadanía como de los agentes garantes de la seguridad y convivencia de la misma