En el día de hoy, se ha celebrado la Comisión de Salud, Seguridad y Emergencias, que ha tenido como plato fuerte del orden del día la unanimidad por parte de toda la oposición municipal en pedir explicaciones y depuración de responsabilidades ante la anulación por parte del Tribunal Administrativo de Contratación Pública del concurso para la adquisición de desfibriladores para la labor del Samur-PC.
Hasta tres preguntas al respecto, que finalmente se han sustanciado en una única intervención continua por parte de los grupos municipales, con respuesta a cargo del Delegado del Área, han incidido en la importancia y la gravedad de tal hecho (“escandaloso”, según palabras del concejal del PSOE, Ramón Silva), donde según queda acreditado en el auto del Tribunal, al redactar el texto del concurso público, el equipo municipal copió la características de los desfibriladores que quería adquirir (“con las mismas faltas en los verbos”, recalcó la portavoz de Ciudadanos) de los folletos ilustrativos de los productos en una práctica que el mismo magistrado calificó en la sentencia de «no recomendable».
Uno a uno, y no carentes de indignación, los grupos de la oposición acorralaron a Javier Barbero con la sonrojante descripción de los hechos y actuaciones. El Grupo Popular acusó de mentir al Director General de Protección Civil a la hora de hablar de “problemas solucionados” cuando se abordó el tema en Enero y de “patada a la libre concurrencia y a la legalidad” los hechos sucedidos, cuyas resoluciones legales fueron ocultadas por el Ayuntamiento, según señaló la portavoz popular.
La representante de Ciudadanos reprochó que “hasta el más neófito ve que el texto es un corta y pega de un folleto publicitario” y exigió saber “qué tiempos maneja el Gobierno para solucionar el suministro de esos materiales”. Por parte del Grupo Socialista, su representante se reiteró en lo escandaloso de que en el pliego del concurso solo pudiera participar una marca comercial y preguntó quién ha sido el responsable de ese contrato y las medidas al respecto, reprochando al Ayuntamiento la tardanza en abordar las mismas, al ser la sentencia de Noviembre del 2016.
En su réplica, y ante la evidencia de los hechos, el Delegado del Área se vio obligado a manifestar su decisión de “acatar y estudiar la resolución”, al entender que “ha habido errores”, y abrirá “un expediente informativo para esclarecer y conocer irregularidades” ya que entiende que “ha habido un fallo humano», concluyendo que a tal efecto “se generarán mecanismos y protocolos para que no se repitan estas situaciones en la contratación pública”
Durante la explicación de lo sucedió, Barbero apeló sin éxito a que su objetivo es la «disminución de la mortalidad» y que, para ello, busca contar con la «mejor tecnología», y que a veces, como el caso que se evalúa, se busca un producto con una característica que es «exclusiva de una marca».
Por parte de esta Sección Sindical, no podemos por menos que calificar las explicaciones de tardías, insuficientes y poco creíbles, sumándonos a la petición mayoritaria entre la oposición municipal de depurar responsabilidades por los hechos acaecidos a la menor brevedad posible y la adopción urgente de protocolos y medidas para que una mala gestión municipal no repercuta en la excelente imagen de los/as profesionales del Samur-PC entre la ciudadanía madrileña.
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