El acatamiento por la Junta de Gobierno del auto del TSJ de Madrid, que pone en suspenso el Acuerdo de las 35 h, remitiendo en su decreto de 10 de febrero al Acuerdo firmado en 2011 y sus modificaciones de 2012 (Decretazo de Botella) y las de 2013, plantean un escenario con el cual los sindicatos presentes mostramos nuestra disconformidad, dado que el Acuerdo de 1 de julio de 2016 no solo contemplaba la jornada de 35 horas, sino que además, abordaba derechos como la reducción de jornada de verano, San Isidro o días adicionales de libre disposición. Ante este debate, desde la Dirección General de Emergencias dicen tener intención de respetar en todos sus términos lo consensuado en el documento impugnado, pero requieren la necesidad de firmar un nuevo Acuerdo donde se incluyan estos aspectos, eso sí, como va siendo costumbre, sin presentar una propuesta real por escrito en la citada Mesa Sectorial.
Mientras, un nuevo decreto se cierne sobre personal del Cuerpo de Bomberos, esta vez apuntando a los Suboficiales, que verán transformadas sus condiciones laborales y horarios mediante una modificación de RPT, y una vez más -“ya van unas cuantas”- de forma unilateral, con total ausencia de negociación y documentación al respecto.
Siguiendo con la implantación de medidas unilaterales, desde la Dirección General informan de la modificación del Acuerdo de Escala Técnica de cara a su adaptación a la nueva jornada de 37,5 horas, pero reiterando las malas formas de no aportar documentación alguna sobre tal propósito.
En cuanto al estudio y valoración de la RPT de la Escala Operativa, el Director advierte de las dificultades presupuestarias y la fiscalización a la que someten la negociación desde instancias superiores, llamando poderosamente la atención que no haya habido tales problemas en el recientemente decretado Acuerdo sobre la Escala Técnica, donde se observan subidas de los complementos de destino, complemento específico, o se crean conceptos nuevos como es el caso del complemento por responsabilidad, lo que nos hace poner en duda la capacidad de negociación que tiene la Dirección General de Emergencias y su equidistancia a la hora de objetivar las necesidades de ambas Escalas.
Con esta actitud por parte de la Administración, donde viejas costumbres vuelven a ser instrumentos de supuestos “nuevos partidos”, tales como el uso continuado de las imposiciones y los reiterados incumplimientos, las organizaciones sindicales presentes en la reunión exigen por unanimidad el cese del Director General.
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